¿Cómo afectará a los estados la inflación, la deuda pública y la subida de tipos?
La inflación favorece a los que deben dinero y perjudica a los que lo han prestado. Es una de las cosas en las que están de acuerdo todos los economistas. Y es así porque los precios elevados hacen que las deudas vayan disminuyendo en términos reales (es decir, una vez descontada la inflación), y lo mismo les pasa a los que cobran los intereses de esos préstamos, que cada vez valen menos.
¿Qué grandes deudores hay en 2022?
Muchos, pero por encima de todo, los estados. Los países occidentales han pedido dinero prestado a un ritmo que nunca habíamos visto en época de paz. Desde la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de deuda (tanto en absoluto como en proporción sobre PIB, es decir, puesta en comparación con lo que la economía de cada país produce en un año) no estaba en los niveles actuales.
En España, por ejemplo, comenzamos la década de los 80 con un nivel de deuda pública ligeramente por encima del 15 % del PIB. A partir de ahí fue creciendo, pero se moderó en los primeros años del siglo XXI. En 2007, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, el Estado español tenía deudas equivalentes al 35,8 % del PIB. Sin embargo, el año 2021 lo hemos cerrado con un nivel equivalente al 118,3 %.
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Gráfico
El gráfico muestra la evolución de la deuda pública total en España en millones de euros. Partiendo de una cifra de casi 16.000 millones de euros en 1980, va creciendo de forma constante hasta el año 2001, donde alcana los 380.000 millones de euros. Desde entonces y hasta 2007 se mantiene relativamente estable, pero a partir de 2008 vuelve a crecer con fuerza hasta 2013, año en que rebasa el umbral de los 100 billones de euros. Desde entonces hasta 2021 ah seguido creciendo de forma estable, excepto en el 2020, cuando volvió a aumentar con fuerza. En 2021 la cifra asciende a 1,4 billones de euros.
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Gráfico
El gráfico muestra el porcentaje de la deuda pública total en España sobre el PIB. En este caso parte de un 16,6 % en 1980, asciende hasta el 65,4 % en 1996 y, desde entonces baja cada año hasta alcanzar el 35,8% en 2007. Desde entonces aumenta de forma brusca hasta que en 2014 toca 105,1 %, reduciéndose en los años posteriores hasta tocar el 98,2 % en 2019. En 2021 la cifra final fue de 118,3 %.
Por supuesto, no somos una excepción. EE. UU. tenía en 1980 una deuda equivalente al 41,8 % de su PIB. Y ahora mismo roza el 130 %. Francia, más de lo mismo: ha pasado en estas cuatro décadas del 20 % al 113 % del PIB. Casi todos los países occidentales han visto una evolución al alza similar. Además, lo que era una tendencia preocupante durante la década 2010-2020 se ha agravado tras la crisis del Covid y los planes de gasto público que casi todos los gobiernos han aprobado en los últimos dos años.
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Gráfico
En el gráfico se muestra el porcentaje de deuda pública total sobre el PIB de varios países occidentales: 118 % en España, 128 % en Estados Unidos, 113 % en Francia, 150 % en Italia, 195 % en Grecia, 55 % en Irlanda, 69 % en Alemania y 95 % en Reino Unido.
Y ¿cómo afecta esto al español medio?
Ahora que ya conocemos los grandes datos, es bueno bajar al detalle para entender bien la situación:
En España, a finales de 2021, la deuda pública ascendía a 1.427.238 millones de euros. No nos hemos equivocado con las magnitudes: son más de 1,4 billones de euros.
Según el INE, el 1 de enero de 2022 había en nuestro país 47.432.805 habitantes.
Por lo tanto, a cada uno de ellos le tocan algo más de 30.000 euros de deuda pública. En concreto, eran 30.090 euros por habitante en enero de este año. Y esa cifra habrá ido subiendo desde entonces.
Aquí están incluidos todos los habitantes, desde el jubilado hasta el recién nacido. Esto quiere decir que, para una familia de cuatro miembros, la deuda pública supone una pequeña hipoteca de unos 120.000 euros.
Si lo miramos así, puede que primero empecemos a preocuparnos y segundo pensemos que lo de la inflación, y que ésta haga que la deuda se diluya, no está tan mal.
Los estados no son como las familias
Sin embargo, los estados son unos deudores un tanto especiales. Una familia con una hipoteca va amortizando poco a poco la deuda que tiene pendiente. Por lo tanto, si sube su sueldo le costará menos pagar ese préstamo. Pero los estados no funcionan así. Pagan la deuda pública cuando llega el momento, pero la vuelven a emitir de nuevo inmediatamente. Es decir, toda la deuda del Tesoro español que vence este año se volverá a emitir. Así, durante el año actual, se pueden dar estas situaciones con los bonos que hay en el mercado:
Un bono español a 10 años emitido en 2018 tendrá que pagar solo los intereses correspondientes a este año.
Un bono español a 10 años emitido en 2012 tendrá que pagar los intereses de este año y, lo que es más importante, el principal: debe devolver su dinero al que compró el bono hace una década.
Un deudor normal (una familia, o una empresa) debería tener preparado el dinero de ese principal. Pero el Estado lo tiene más fácil: emite nueva deuda para cubrir el dinero que le toca devolver.
Las dos caras de la inflación y las subidas de tipos
Podríamos decir que al Estado le beneficia la inflación en la parte correspondiente a la deuda ya emitida. Esos 1,4 billones de los que hablábamos. Porque pagar los intereses y el principal de esos bonos es más sencillo (la inflación hace que el dinero valga menos, y aumenta automáticamente la recaudación de impuestos, como por ejemplo el IVA). Y además la inflación ha hecho que crezca el dato del PIB nominal, por lo que la relación entre deuda y PIB (que sirve para comparar el nivel de deuda pública entre estados) ha caído en casi todos los países occidentales, y también en España.
La parte que perjudica a los estados llega con la nueva deuda. La que usan tanto para financiar el déficit si lo tiene (y España lo tiene, porque gasta más dinero del que ingresa a través de impuestos); como para las refinanciaciones. En 2022, la Estrategia de Financiación del Tesoro apunta a que el Estado español tendrá que pedir prestados algo más de 230.000 millones de euros al mercado.
En cualquier caso, los gastos máximos de administración son de 1,60 % con independencia de la categoría de la EPSV (renta fija, mixta o variable).
Y para esas nuevas letras y bonos los tipos de interés están creciendo, como pasa con las hipotecas y otro tipo de préstamos. Las decisiones del Banco Central Europeo para paliar la inflación también afectan a la deuda que gestionan los gobiernos.
¿Cuánto afecta a España la subida de tipos?
En el caso de España se prevé que el gasto en intereses de 2023 ascienda a 31.275 millones de euros, algo menos del 7 % del gasto total de los Presupuestos Generales del Estado.
Un deudor normal (una familia, o una empresa) debería tener preparado el dinero de ese principal. Pero el Estado lo tiene más fácil: emite nueva deuda para cubrir el dinero que le toca devolver.
Este dinero se lo pagamos directamente a aquellos que han prestado dinero al Estado y a quienes todavía no se les ha devuelto. Es decir, son los intereses que pagamos por aquellos gastos de años previos que no estaban cubiertos por ingresos. Y por lo tanto es gasto público que no va a sanidad (que recibe 7049 millones de euros), educación (que tiene 5354 millones de euros presupuestados) u otras categorías. Ese es el problema del déficit y la deuda, lo que alivia un año se acaba pagando en los siguientes.
Esos 31.275 millones son algo mayores que el gasto del año anterior, aunque no mucho. Como el Estado español se ha financiado a tipos muy bajos desde 2012, el coste medio de la deuda en circulación llevaba años bajando, pero esa tendencia se revierte ahora, porque las nuevas emisiones son a tipos más altos.
En resumen, ¿cuánto más vamos a tener que pagar en intereses por las subidas de tipos de interés del BCE? Depende de muchas variables, pero el Banco de España calcula que puede rondar los 5000 o 6000 millones de euros más al año de aquí a 2024. Y eso con las subidas conocidas hasta el momento, pero si el BCE sigue subiendo los tipos más allá de lo esperado, la cifra podría ser todavía más alta.
